La IGJ las puede pedir la liquidación o disolución de las sociedades que no cumplan con el reempadronamiento a esa fecha.
La Inspección General de Justicia (IGJ) creó un Registro de Entidades Inactivas (REI) y dio un ultimátum hasta el 30 de abril a sociedades, asociaciones civiles y fundaciones para que cumplan con el reempadronamiento que la repartición lanzó en 2010, con sucesivos alargues.
Con la Resolución IGJ 4/2014, las entidades que hayan presentado la declaración jurada del reempadronamiento, pero habiendo recibido observaciones, no hayan subsanado las omisiones o deficiencias, se encuentran imposibilitadas de concluir trámites registrales ante el organismo.
Los deberes son, además de pagar esa tasa anual (hoy en un máximo de $ 2.500), presentar estados contables anuales, inscribir autoridades vigentes y cualquier modificación a sus estatutos, enumeró Panno.
La misma Resolución crea el Procedimiento de Cumplimiento con el objeto de permitir a las entidades incluidas en el REI, cambiar su estado luego de presentar todos los trámites que corresponden a las obligaciones impuestas por la IGJ.
La IGJ podrá solicitar a la Justicia la disolución y liquidación de las entidades incluidas en el Registro de Entidades Inactivas, remarcó Panno.